¿QUÉ PRETENDE LA REFORMA ELECTORAL DE MORENA?

Samuel Aguirre Ochoa

Para muchos nos es difícil diferenciar entre tipos de Estado y formas de gobierno como consecuencia de que las ciencias sociales no acostumbran explicar estos conceptos que son fundamentales para entender qué es la sociedad.

De acuerdo con el materialismo-histórico, han existido diferentes tipos de Estado a lo largo de la historia: el Estado esclavista, el Estado feudal y el Estado capitalista y todos han tenido como función preservar los intereses de las clases dominantes en cada momento histórico. En cambio, las formas de gobierno más conocidas hasta hoy son las monarquías absolutas o constitucionales, las aristocracias, las dictaduras militares y las repúblicas democráticas, que adquieren variantes dependiendo del país y las circunstancias, por ejemplo, en Estados Unidos existe una democracia indirecta y en la mayor parte de los países latinoamericanos, la democracia es directa debido a que los presidentes son electos en votación universal.

El Estado tiene un carácter histórico pues surgió al aparecer las clases sociales dentro de la sociedad, después de la disolución de la comunidad primitiva. Algunos ideólogos del capital pretenden hacer creer a la sociedad que el Estado capitalista es eterno, tal como lo señaló uno de los filósofos más grandes de la historia, el alemán George Friedrich Hegel, sin embargo, otros consideran que así como nació y se desarrolló, tendrá que desaparecer tarde que temprano.

Este tema retoma importancia ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la formación de una Comisión Presidencial que tiene como propósito elaborar una iniciativa de nueva reforma electoral, anuncio que ha generado debate y no falta razón para ello, porque todo indica que esta reforma tiene como propósito una mayor concentración del poder en manos de la presidencia de la República, concentración que fue muy criticada en el periodo en que el PRI gobernó como partido hegemónico.

Esta concentración del poder tuvo su manifestación más aberrante en el año de 1976 cuando José López Portillo se presentó como único candidato a la presidencia de la República postulado por el PRI y apoyado por sus incondicionales del PPS y del PARM. El autoritarismo priista había llegado al colmo; y el nuevo presidente quiso resanar la cada vez más deteriorada imagen pública, nacional e internacional del régimen, por lo que promovió una reforma política-electoral a través de su secretario de Gobernación, el veracruzano Jesús Reyes Heroles.

En esta reforma de 1977, los partidos políticos fueron reconocidos constitucionalmente y se fijó la obligación del Estado a garantizar su subsistencia; dio lugar a la aparición de los diputados de representación proporcional, con lo cual el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro legal y en 1979 logró 18 diputados plurinominales.

Alentados por esta iniciativa, los partidos y la izquierda mexicana pugnaron por quitarle al gobierno federal el control de las elecciones y se constituyeron organismos autónomos como el IFE en 1990, que en el 2014 se transformó en el INE, que es el actual encargado de las elecciones y el organismo que emite la credencial de elector para votar.

Como consecuencia de esto surgieron nuevos partidos y los resultados de las elecciones se fueron haciendo cada vez más confiables. Pablo Gómez, presidente de la comisión encargada de la nueva reforma, logró ser diputado plurinominal en dos ocasiones. Se dio, pues, apertura a las minorías y a los partidos que hasta ese momento no habían ganado ninguna diputación por la vía uninominal. Este hecho le dio a la democracia liberal mexicana prestigio a nivel nacional e internacional.

Los puntos esenciales de la reforma que propone la presidenta morenista Claudia Sheinbaum son: 1. Reducir en 50% el financiamiento público de los partidos políticos, 2. Eliminar a los legisladores plurinominales (200 diputados y 64 senadores), 3. Reestructurar el INE, manteniendo el nombre, pero sometiéndolo a control centralizado, 4. Introducir el voto electrónico, 5. Que haya elecciones primarias al interior de los partidos y 6. Mayor control de la propaganda política en las campañas y precampañas.

Muchos especialistas consideran esta reforma como un retroceso histórico que nos retrotraería al régimen de partido único, tal como sucedió durante los 70 años de gobierno del PRI. Consideran que es una iniciativa de reforma que no nace del pueblo, sino que está impuesta desde arriba y que no es nueva, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había presentado dos iniciativas de reforma electoral durante su sexenio, en el mismo sentido de concentrar el poder en sus manos, iniciativas que fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que son anticonstitucionales.

Ahora la nueva reforma no será desechada pues la nueva Suprema Corte, que tomará posesión el 1° de septiembre, estará integrada por destacados morenistas.

Esta intención de concentrar el poder por parte de Morena ya avanzó, pues ya contralan el poder Ejecutivo, el Legislativo, se suma el poder Judicial y ya desaparecieron la mayor parte de los organismos autónomos y ahora con la nueva reforma quieren desaparecer a los partidos políticos de oposición.

La disminución del 50% del presupuesto a los partidos políticos afectará a toda la oposición, menos a Morena pues este partido cuenta con todos los recursos del gobierno para hacer campañas y precampañas y, solo en el pago de los servidores de la Nación que, en realidad son activistas de Morena, de 2019 a 2024 se gastaron entre 22 mil millones y 25 mil millones de pesos anualmente, una cantidad muy grande de dinero. Estos funcionarios durante todo el año mantienen contacto con los beneficiarios de los programas y los llevan a la conclusión de que si reciben el dinero de las transferencias es gracias a su partido.
Volverá la época en que solo habrá candidatos de un partido en la boleta como sucedió en el pasado a lo que hay que agregarle ahora el financiamiento de muchos candidatos por la delincuencia organizada, que cada vez influye más en la elección de candidatos ganadores.

¿Cuál es la intención de concentrar tanto el poder?, ¿es una medida realmente revolucionaria como ellos pretenden hacernos creer?, o se ¿trata de una medida para cambiar la forma de gobierno y proteger mejor los intereses de los grandes capitalistas mexicanos y extranjeros?

Hay diversas opiniones respecto a estas interrogantes, sin embargo, hay quienes sostienen de lo que se trata es de extinguir aún más la democracia para extinguir las libertades políticas que permite esta forma de gobierno, lograr una mayor sujeción y control de las clases trabajadoras mexicanas en beneficio de los capitalistas que año con año incrementan sus ganancias, propiciando la acumulación y centralización del capital, tal como lo necesita el imperialismo en general y en particular el norteamericano.

La respuesta más precisa que se da a estas interrogantes es que se trata de una medida profundamente reaccionaria pero que queda oculta en el lenguaje pseudo izquierdista y nacionalista del actual gobierno.

Toda esta política instrumentada por Morena entra en contradicción con la teoría del Estado democrático-liberal desarrollado por los intelectuales burgueses en el siglo XVIII, destacadamente los franceses Montesquieu y Rousseau, que lucharon por poner un freno al Estado absolutista feudal que concentraba todo el poder político en manos de un monarca y ante el cual lo ciudadanos quedaban totalmente indefensos por la falta de derechos.

En oposición al régimen feudal, la teoría del Estado democrático-liberal, estableció la división del Estado en tres poderes independientes uno del otro: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuya legitimación provenía del libre acuerdo establecido entre los integrantes de la sociedad, a través de un “contrato social”, una Constitución Política, que establece de manera rigurosa las funciones y limitaciones de cada uno de los poderes públicos y reconoce derechos fundamentales para cada individuo, mismos que el Estado debe garantizar más nunca limitar.

En esta época la burguesía venía surgiendo al mundo y jugó un papel revolucionario y progresista. La historia así lo demuestra.

Por eso es condenable y peligrosa la política de concentración del poder que está impulsando Morena, significa echar la rueda de la historia hacia atrás en el terreno democrático para construir en su lugar un gobierno más pequeño y represor al servicio de la clase capitalista, que hoy dejó de ser revolucionaria para convertirse en un freno al desarrollo de las fuerzas productivas y de la humanidad. Por ningún lado se ve la idea de cambiar el tipo de Estado capitalista, por el contrario, todo parece indicar que de lo que se trata es de reforzarlo con una nueva forma de gobierno menos democrática.

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