El decreto de seguridad nacional, es legal

De Luciano Blanco González

Muy grandes deben de ser y son los escollos con los que topa la realización del programa de la cuarta transformación en materia de infraestructura, tanto que debemos de considerar que algunos actos de naturaleza puramente legaloide sabotean los trámites necesarios para la ejecución de algunas obras, que cualquiera que sea su naturaleza son de beneficio colectivo y por lo mismo de urgencia iniciarlas de inmediato y terminarlas. Amparos atorados que no se resuelven de inmediato por falta de argumentación jurídica o de pruebas contundente, otros resueltos en primera instancia con una suspensión provisional que paraliza la continuidad de los proyectos, solicitudes sin respuesta inmediata, atorados por una burocracia corrupta acostumbrada a medrar con los detalles de apariencia insalvable que impiden el inicio de las obras o la continuidad de las mismas hasta que aparecen los regalitos, las prebendas, el moche, entonces sí, pa delante mi jefe. Solicitudes atoradas por los estudios de factibilidad de la comisión Federal de Electricidad, opinión de la Comisión Nacional del Agua, permisos de construcción, estudios de impacto ambiental del aire, del agua, de la flora, de la fauna y una nube de propietarios y posesionarios con ansias especulativas valuando sus predios a precios de oro, de dólares, inventando inversiones que ya no harían si el Ejecutivo ocupa sus predios. Así vemos autopistas paradas, pueblos incomunicados en toda la republica porque no hay permiso para que se les construya el camino, accesos a instalaciones de servicio público inconclusos, elefantes blancos de obras que se han iniciado y tienen que suspenderse por que a alguien le estorba la vista y le estorba su panorama. Bastaba con que el presidente dictara una orden terminante para que en el orden administrativo se le dieran indicaciones a sus subalternos que lo son todos los Secretarios de Estado para que en sus respectivas dependencias se agilizaran los trámites y se expidieran las licencias, permisos y autorizaciones sin necesidad de dictar un controvertido decreto. Pero hay que admirar la audacia del Presidente López Obrador, al atreverse a dictar un acuerdo que pone a temblar a todos porque aparentemente rompe los candados y trabas que están obstaculizando el avance de sus proyectos de infraestructura que son urgentes para el desarrollo nacional y el bienestar común, por lo mismo el presidente quiere meter el acelerador para avanzar sin contratiempos que al retardar las obras se vuelve caro. El concepto de seguridad nacional en términos de ley, está referido en la ley de la materia que en su artículo 3.- Establece: Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; IV. ….V, y VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. Más adelante nos brinda la propia ley en su artículo 5, un menú de conceptos de lo que se debe de entender como amenazas a la seguridad nacional y así maneja términos que nos son tan familiares y por lo mismo no requieren explicación como: espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado; Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; contra de la seguridad de la aviación; actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva, entre otros, que obviamente nos llevan a concluir que el propósito de la ley es el de blindar a nuestra patria de actividades que pudieran tambalear al país, por terrorismo o una invasión extranjera. Todos estos conceptos referidos si los analizamos no tienen nada que ver, ni se relacionan con el decreto, y si no leemos la ley y la espulgamos en todos sus términos, aquella que promulgo el Ex Presidente Vicente Fox y se publico en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del 2005 con plena vigencia, se le adiciono lo que podría ser la explicación y fundamento de las medidas que se adoptan en el acuerdo, pero a decir verdad ni siquiera se cita como fundamento, quizás sea una trampa para confundir a los abogados o ministros y sacarla de la manga en el momento de dar respuesta legal a las demandas que se pudieran presentar. El 08 de noviembre del 2019 se publico en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la fracción XII del artículo 5, que textualmente establece…Para los efectos de la presente Ley,… Xll.- son amenazas a la Seguridad Nacional: (Los) Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Inhabilitar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa “imposibilitar para algo”, lo que tendríamos que entender que el exceso de obstáculos e inconvenientes que los particulares o el propio gobierno le están colocando al presidente para sus obras lo motivo para declarar todas sus obras, no tan solo las insignia como se ha dicho, como de seguridad nacional, blindándolas con ello de las posibles injerencias y acciones dilatorias que no le permitan avanzar ya que todo lo que comprende esta materia está excluida de la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Además toda la información sobre las obras como, titular, monto, costo, diseño, forma en que se adjudico, desarrollo, avances o cualquier punto neurálgico ya no es necesariamente objeto de transparencia y quienes tienen derecho a la información pueden recibir una rotunda negativa como lo establece el Artículo 110 de la Ley de la materia, ya que a partir de la fecha puede clasificarse como reservada toda la información que Comprometa la seguridad nacional, conforme la catalogo de obras y de dependencias comprendidas en él. En fin que con este decreto el presidente nos deja entrever que no ha podido controlar la burocracia federal y que sus propios colaboradores no hacen su trabajo con la celeridad y el dinamismo que él desea meterle a la obra pública, aunque también podría ser que esto es lo que le dicen sus contratistas cuando les exige cuentas y le echan la culpa de sus atrasos y de las deficiencias a sus funcionarios. Ojala el presidente voltee a ver a los particulares y les otorgue los mismos privilegios que ahora se arroga exclusivamente el estado y que a los emprendedores los pone a esperar en una larga fila de ventanilla única, silenciosa, indiferente, sorda, muda y altamente lesiva porque los funcionarios responden a sus solicitudes cuando quieren y siempre y cuando los motiven con aceitito para el cantarito de la corrupción. Lo cierto es que ya no se encontrara todos los días con el escarnio que de su persona y de las instituciones se hacia todos los días en los medios de comunicación por la adjudicación directa de diversos contratos en los que se denunciaba el nepotismo y la posible corrupción en todas las esferas, levantando sospechas infundadas de que era él quien las toleraba al no ordenar investigaciones y castigo. López Obrador es incapaz de agarrar un peso del erario o dilapidarlo, mucho menos de agarrar un moche, quien lo piense merece los infiernos o de perdido que la lengua se le haga chicharrón y es su conducta y los resultados en materia de inversión lo que nos informa si las cosas se están haciendo bien o mal, de ello no se duda pues se intuye en su manifiesta preocupación. Para nuestro gusto está cambiando y mostrando que nunca existió un presumido pacto de alianza electoral con los malandros del país, por las últimas actividades en contra del crimen organizado, las fuerzas armadas ya no están repartiendo abrazos, ya están respondiendo, ya se le están cerrando las aduanas al fentanilo y al polvo maldito, ya se está persiguiendo capos, ya se encarcela a figuras icónicas como la de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera y se sabe que con esto la guerra está declarada. Ya no se persigue, golpea y se asegura a los migrantes, ahora se les pide que acepten tarjetas humanitarias de estancia temporal para que transiten por el territorio nacional, por cierto que orgullo ser veracruzano y ver que aquí nuestra gente los trata con amabilidad y les brinda todo lo que les puedan dar, particularmente es de admirarse la solidaridad que han mostrado los municipio del sur y acá en el norte Poza Rica y Papantla, proveyéndolos de alimentos, medicinas, medico, a veces techo, a veces trabajo, pero sobre todo el trato amable. Finalmente ya no hay pretextos para retardar la obra pública, de las procedencias y permisos que se otorguen, después viriguamos, el bien común y el desarrollo de la patria no se deben de detener, no se deben transgredir tampoco los sagrados derechos de los individuos y menos cuando hay reclamos fundados y motivados sobre su persona o sobre su patrimonio. Hay la seguridad de que el presidente ordenara a La Secretaria de la Función Publica y solicitara a la Fiscalía General un alerta permanente para evitar las dañinas prácticas torcidas en la aplicación de los recursos para obras tanto a los funcionarios como a los particulares que las ejecutan. A quien transgreda los buenos propósitos de este acuerdo, se le deben de aplicar rigurosos y ejemplares castigos, a quien sea responsable, todo el peso de la ley.- Por el bien de la causa.

Julian Osorio Santiago

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