Samuel Aguirre Ochoa
Hace dos semanas denuncié que el pasado 17 de febrero, un tipo que nunca en mi vida he visto, de nombre Eduardo “N”, fabricó un poder notarial apócrifo, en el que supuestamente yo lo nombro mi apoderado legal. Para obtener este poder, presentó una credencial de elector falsificada con mi nombre, en la que aparece una fotografía de otra persona, una firma distinta a la mía, una credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral, mientras que mi credencial original fue emitida por el Instituto Federal Electoral y en el reverso de la misma varios datos no coinciden. Con este bodrio, la Notaria Pública número 21, ubicada en el municipio de Naolinco, a cargo del licenciado Octavio Escobar Pérez, le expidió el citado poder notarial falso. Pregunta. ¿A caso fue un acto de mala fe de este notario, pues soy una figura pública ampliamente conocida, o acaso, se novatearon a este experimentado abogado?. Será cuestión de esperar la revisión del protocolo que utilizo para expedir el citado documento. Con este poder notarial y en contubernio con un supuesto corredor inmobiliario de nombre Vicente “N”, el sujeto Eduardo “N”, se ha dedicado a realizar la venta de un lote escriturado a mi nombre y que desde hace 33 años mantengo en posesión, ubicado en la colonia Arroyo Blanco de Xalapa. Tenemos información del Registro Público de la Propiedad de que se ha vendido a dos personas y que intentaron vendérselo a una tercera. Sabemos por los propios vecinos de Arroyo Blanco que los citados vendedores han llevado al predio a muchos otros potenciales compradores. Con lo que se demuestra que siguen realizando la venta fraudulenta, utilizando mi nombre con la intención de provocar una lluvia de denuncias judiciales en mi contra. Por mi parte, ya interpuse las denuncias penales contra todos los involucrados en los fraudes, por delitos como falsificación de documentos oficiales, usurpación de identidad y delitos contra la fe pública. Ahora la fiscalía general del Estado debe cumplir su papel de investigar y llevar a los responsables ante la justicia, pues de lo contrario quedará claro su falta de voluntad para esclarecer estos hechos. Hasta el momento, no ha habido avance en las denuncias presentadas, en cambio, se ha desatado toda una campaña de hostigamiento en mi contra. El más reciente, ocurrió el 15 de diciembre pasado, cuando un grupo de patrullas de la Fuerza Civil, carros particulares y un helicóptero prácticamente sitiaron la casa en donde vivo en la colonia Unidad Antorchista del puerto de Veracruz durante casi una hora. Desde este espacio reitero mi llamado al gobierno de Veracruz a que se abstenga de cometer actos represivos en mi contra o de cualquier ciudadano, exhorto a la Fiscalía del Estado a cumplir con su deber de investigar los hechos denunciados y castigar a los culpables y llamó también a la opinión pública a estar muy atenta y no dejarse sorprender. Los antorchistas vamos a seguir denunciando estos hechos por todos los medios a nuestro alcance.
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