Lorena Ixtepan Martínez
En diciembre de 2019, días después de asumir la presidencia, el presidente López Obrador presentó una iniciativa para crear 100 planteles educativos en 31 estados del país a fin de ofrecer educación superior a jóvenes de poblaciones pequeñas, con alta marginación y/o donde no haya una alternativa similar, a través de las Universidades del Bienestar, mismas que estarían a cargo de la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con la página de internet de la SEP, hasta la fecha se han creado 149 planteles, la mayoría de ellas en estados del sur: Oaxaca 18, Chiapas 14, Ciudad de México 11, Veracruz 10, Michoacán nueve, Guerrero ocho e Hidalgo ocho con un presupuesto asignado de más de mil millones de pesos. A grandes rasgos pareciera que es muy buena la propuesta, pero la pregunta es: ¿cuántas de estas universidades cumplen esos criterios que establecía el propio programa? Pues el pasado 12 de marzo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) liberó las evaluaciones de diversos programas del gobierno federal, entre ellos el de la cadena de universidades creada por el presidente López Obrador para llevar educación superior a zonas marginadas. En el informe, el Coneval menciona que «El programa tuvo una evaluación de diseño, de la que se desprenden diversas recomendaciones; no obstante, no cuenta con un documento de trabajo debido a que la unidad administrativa responsable de operar el programa no aceptó plasmar actividades y fechas-compromiso para atender los aspectos susceptibles de mejora”. Pero no solo es eso, pues ese mismo organismo que las coordina se ha negado a brindar información sobre el presupuesto ejercido, cobertura y metas alcanzadas, además de que en la mayoría de estos centros los salones se encuentran vacíos pues si el lector visita las universidades solo se dará cuenta que en dos aulas se brindan clases a grupos de entre 10 a 15 estudiantes, cabe mencionar también que estas universidades no cuentan con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que no podrán emitir títulos y cédulas a los alumnos cuando terminen de estudiar (con dinero pero sin planes). Todos estos tropiezos tienen como denominador común la falta de planeación, estudios previos y método. Por otro lado, los programas sociales que instrumentó el gobierno de la 4T no están funcionando para erradicar la desigualdad ni la pobreza porque se eliminó otros que sí lo hacían, como ocurrió con las Escuelas de Tiempo Completo y aunque no han desaparecido en todos los estados, la titular de la SEP, Delfina Gómez Alvárez ya anunció que no se les dará presupuesto a estas escuelas con la excusa de que estos centros son intermediarios que impiden que los apoyos lleguen a la gente de manera directa, sin embargo, habría que recordar que los niños de estas escuelas todavía no votan ni votarán en el 2024, por eso, a diferencia de las Universidades del Bienestar, no son prioridad para el gobierno, pues en estas sí acuden jóvenes en edad de sufragar en las elecciones próximas. A unas se les quita el presupuesto y a las otras se les autoriza de más, sin importar que su uso no sea transparente ni estén dando los resultados esperados. Los estudiantes adheridos a la FNERRR estamos muy preocupados por esta situación, en realidad la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo es totalmente insensible e irracional, pues está de por medio la educación de 3.6 millones de niños y niñas. Urge hacerle ver al pueblo mexicano que el gobierno federal está cometiendo atropellos bastante graves en contra de la educación, sobre todo de los hijos de la gente más humilde y trabajadora, como antes se les atropelló en el sector salud y otras áreas. Los estudiantes fenerianos creemos que está en manos de los sectores trabajadores y productivos de México, cambiar esta situación mediante la organización y lucha colectiva. Nosotros tomaremos partido a su lado.
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